martes, 23 de diciembre de 2008
Resumen del dia
El sector textil advierte que las importaciones del rubro superan a las de los años 90
Hace 28' La Fundación Pro Tejer, que representa a distintos sectores de la cadena productiva, alertó sobre el aumento de las compras al exterior mientras caen la demanda y la producción interna
La Justicia investigará a Kirchner y a De Vido
Hace 13' El juez Ercolini hizo lugar a un pedido del fiscal Pollicita basado en la denuncia por asociación ilícita presentada por Carrió, que incluye a Jaime, Uberti y Cristóbal López, entre otros
Justificó Cristina Kirchner que la Anses financie obras públicas
14:07 Lo hizo durante la puesta en marcha de las tareas para soterrar el ferrocarril Sarmiento, proyecto en el que el organismo invertirá 1000 millones de dólares; además, negó que los anuncios oficiales "se hagan tres veces"
Video: «La crisis financiera cambió nuestros planes» (C5N)
Esperan un rápido proceso judicial por el crimen del intendente de Vera
12:49 El presunto asesino Héctor Tregnaghi ampliará su declaración ante la policía; en las próximas horas se enviará el sumario al juez para que lo indague; en diálogo con lanacion.com , el fiscal de Cámara estimó que la causa no demorará demasiado porque existen sobradas pruebas
10:57 Velan los restos del intendente asesinado en Santa Fe
Audio: ''Le tiró al corazón'', dijo Ricardo Musso, vocero de Seca Encina
REPORTAJE EXCLUSIVO A LORENZETTI
Busca la Corte Suprema agilizar las causas por derechos humanos
11:16 Por Adrián Ventura Especial para lanacion.com
10:27 Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta número 96
Molestos por la falta de respuestas, ruralistas deciden cómo reactivar el reclamo
13:01 Tras los anuncios oficiales, un grupo vecinos de Gualeguaychú se concentra a la vera de la ruta 14 para definir los pasos por seguir; más temprano, Tomada acusó a la dirigencia rural de ser "poco proclive a encontrar soluciones"
14:29 Massa: "La que manda es la Presidenta"
12:52 Giorgi defendió que las retenciones a la soja no bajen del 35%
10:41 Lascurain respaldó el plus salarial a trabajadores y beneficiarios de planes sociales
Hace 28' La Fundación Pro Tejer, que representa a distintos sectores de la cadena productiva, alertó sobre el aumento de las compras al exterior mientras caen la demanda y la producción interna
La Justicia investigará a Kirchner y a De Vido
Hace 13' El juez Ercolini hizo lugar a un pedido del fiscal Pollicita basado en la denuncia por asociación ilícita presentada por Carrió, que incluye a Jaime, Uberti y Cristóbal López, entre otros
Justificó Cristina Kirchner que la Anses financie obras públicas
14:07 Lo hizo durante la puesta en marcha de las tareas para soterrar el ferrocarril Sarmiento, proyecto en el que el organismo invertirá 1000 millones de dólares; además, negó que los anuncios oficiales "se hagan tres veces"
Video: «La crisis financiera cambió nuestros planes» (C5N)
Esperan un rápido proceso judicial por el crimen del intendente de Vera
12:49 El presunto asesino Héctor Tregnaghi ampliará su declaración ante la policía; en las próximas horas se enviará el sumario al juez para que lo indague; en diálogo con lanacion.com , el fiscal de Cámara estimó que la causa no demorará demasiado porque existen sobradas pruebas
10:57 Velan los restos del intendente asesinado en Santa Fe
Audio: ''Le tiró al corazón'', dijo Ricardo Musso, vocero de Seca Encina
REPORTAJE EXCLUSIVO A LORENZETTI
Busca la Corte Suprema agilizar las causas por derechos humanos
11:16 Por Adrián Ventura Especial para lanacion.com
10:27 Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta número 96
Molestos por la falta de respuestas, ruralistas deciden cómo reactivar el reclamo
13:01 Tras los anuncios oficiales, un grupo vecinos de Gualeguaychú se concentra a la vera de la ruta 14 para definir los pasos por seguir; más temprano, Tomada acusó a la dirigencia rural de ser "poco proclive a encontrar soluciones"
14:29 Massa: "La que manda es la Presidenta"
12:52 Giorgi defendió que las retenciones a la soja no bajen del 35%
10:41 Lascurain respaldó el plus salarial a trabajadores y beneficiarios de planes sociales
Busca la Corte agilizar las causas por derechos humanos
REPORTAJE EXCLUSIVO A LORENZETTI
"Los tres poderes tiene una política muy clara en favor de castigar las violaciones a los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Pero como hay problema en la rapidez de los juicios, tenemos que dialogar para que los tres poderes tomemos medidas para organizarlos mejor. Estamos preparando una acordada", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en una conversación exclusiva con La Nación.
En el acuerdo celebrado ayer, los ministros del alto tribunal dialogaron principalmente sobre el conflicto que surgió alrededor de las causa de derechos humanos cuando, la semana última, la Cámara de Casación Penal excarceló al ex capital Alfredo Astiz y a otros represores. Finalmente, ninguno de ellos quedó en libertad, pero mientras muchos sectores acusaron a la Justicia por la larga duración de las causas, el ministro de la Corte Carlos Fayt recordó que el Congreso tiene la posiblidad de aprobar un proyecto de ley que abrevia plazos, simplifique recursos y, en general, abrevie el trámite de esos litigios complejos.
En la reunión de ministros, el tema de derechos humanos fue el eje de las conversaciones y las declaraciones de Lorenzetti responde, no a una opinión personal, sino a una política bien definida por la Corte, que comenzó cuando, en 2003 y 2005, dictó los fallos Arancibia Clavel y Simón, dos casos que permitieron la reapertura de estas causas judiciales.
Diálogo institucional
El doctor Lorenzetti, a lo largo de su conversación con La Nación, hizo hincapié en la importancia del diálogo institucional entre los tres poderes y, en todo momento, evitó sugerir algún tipo de confrontación.
Hay datos objetivos que son ciertos. El ex presidente Néstor Kirchner fue quien, en 2003, reavivió la reapertura de esos casos; la Corte, por su parte, declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, invalidó las leyes de amnistía y los indultos a los represores; los jueces volvieron a investigar esos terribles hechos de represión y, finalmente, el Congreso invalidó las leyes del perdón
"Estamos preparando una acordada. Algunas cosas las puede hacer la Justicia y, para las otras, hablaremos con los demás organismos y poderes. La justicia rápida es una política de Estado", asegura.
_¿Cuáles son las medidas que deben tomarse?
_Son muchas y coordinadas. Por ejemplo, hay que digitalizar las causas, porque son muy voluminosas y sólo una está informatizada. Pero las distintas causas, que son muy complejas, tienen problemas distintos, por lo cual merecen soluciones distintas. Es en esto en lo que los tres poderes deben trabajar para dar respuestas. Lo que importa no es que haya un conflicto entre los poderes, sino que la gente quiere respuestas.
_¿Qué puede hacer la Corte?
_Vamos a monitorear el desarrollo de las causas, no para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando. Son expedientes muy complejos. Todos, los tres poderes del Estado, el Consejo de la Magistratura y los querellantes, tiene que contribuir. Por ejemplo, es natural que cada parte querellante quiera tener voz a la hora de impulsar el proceso, pero sería conveniente que unifiquen representación procesal, para simplificar las querellas. También hacen falta más jueces para llevar adelante estos procesos.
_¿La solución la debe dar el Congreso o el Consejo?
_El Congreso está haciendo cosas. Pero hacen falta más tribunales orales. Tenemos que dialogar con los legisladores para que creen más tribunales orales, porque algunos están desbordados de trabajo. Y, por su lado, el Consejo de la Magistratura debe terminar de cubrir algunas vacantes judiciales.
_En estos días surgió un debate sobre la necesidad de dictar una ley procesal
_Es importante que el Congreso dicte una ley procesal para agilizar las causas, pero no sólo las causas de derechos humanos, sino todas las causas complejas, donde hay muchos imputados, testigos, pruebas, etcétera.
Problemas complejos, soluciones complejas
En efecto, los problemas son complejos y las soluciones, si bien no son tan difíciles de hallar, requieren de un esfuerzo de coordinación.
Lorenzetti, en la entrevista con La Nación, hace referencia a los juzgados vacantes y a las demoras procesales.
Los inconvenientes de los juzgados vacantes siguen sin resolución desde hace muchos años. El Consejo de la Magistratura es lento en ese proceso de designación y la solución que dio, nombrar jueces subrogantes, además de haber sido cuestionada por la Corte en un fallo (caso Rosza) es precaria y, en materia de derechos humanos, directamente inservible. Los jueces subrogantes, cuando los hay, se niegan a asumir el gran esfuerzo que significa llevar adelante muy complejas causas judiciales, con cientos de testigos e imputados, o bien cuando llegan a conocer a fondo el expediente ya tienen que abandonar el juzgado. En Rosario y en otras jurisdicciones se está presentando este tipo de inconvenientes.
Por otro lado, es necesario dictar una ley procesal que agilice las causas. La UCR impulsó en 2006 un proyecto que fue redactado por los ex camaristas federales Andrés D´Alessio y Ricardo Gil Lavedra. Y, si se hace memoria, en 1984 fue una ley procesal, la numero 23.049 que modificó el Código de Justicia Militar, la que permitió destrabar la causa contra las juntas militares. Y, en muchas oportunidades la Justicia dijo que no hay un derecho adquirido a que los juicios se sustancian enteramente bajo el mismo régimen procesal, por lo cual el proceso se puede readecuar. Pero como este tipo de reformas siempre da paso a impugnaciones por inconstitucionalidad, porque los imputados pueden decir que se afecta su derecho al debido proceso, la Corte parece tener en mente la necesidad de que el Congreso no impulse una reforma procesal puntual para las causas de derechos humanos sino para todas las causas complejas (por ejemplo, una al estilo Cromangnon, donde hay muchas víctimas que presentan innumerables escritos, apelaciones, etcétera). Eso es lo que parece surgir del lenguaje que usa Lorenzetti.
_El año último, el Congreso dictó una reforma procesal, que avanzaba en la dirección de agilizar las causas judiciales y estableció la oralidad de los recursos judiciales
_Es que no es cierto que el Congreso no hace nada. El Congreso efectivamente dictó una ley, pero hay que afinar ese instrumento, para que sea útil y no termine causando más demoras. Desde mediando de año venimos trabajando en la Corte con las Cámaras Federales para promover esta solución.
Los jueces temen que, esa ley, por la precaridad de los medios que ellos manejan, en lugar de agilizar todas las causas, las terminen demorando.
"También tenemos problemas edilicios. Por ejemplo, en estos momentos se lleva adelante el juicio Cromagnon dentro del Palacio de Justicia. Pero si hubiese otro juicio similar, la Justicia no lo podría sustanciar en forma simultánea, porque no hay salas de audiencias suficientes ni adecuadas para hacerlo", explica el titular de la Corte.
_Por lo que usted afirma, hay serios problemas de organización.
_Nadie puede dudar que la política de los tres poderes es muy clara en el sentido de juzgar las violaciones a los derechos humanos. Pero hay fallas de organización, quizá porque no hay muchos antecedentes de este tipo de procesos en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, a un militar lo están juzgando, por distintos hechos, en varios expedientes distintos y en distintas jurisdicciones. Lo que ocurre es que, cuando un juez lo cita para interrogarlo, otra cámara de otra jurisdicciòn no puede citarlo, con lo cual cual debe posponer todo el desarrollo del juicio. Hay inconvenientes como estos que se pueden solucionar, pero requieren de mucha organización.
"Los tres poderes tiene una política muy clara en favor de castigar las violaciones a los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Pero como hay problema en la rapidez de los juicios, tenemos que dialogar para que los tres poderes tomemos medidas para organizarlos mejor. Estamos preparando una acordada", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en una conversación exclusiva con La Nación.
En el acuerdo celebrado ayer, los ministros del alto tribunal dialogaron principalmente sobre el conflicto que surgió alrededor de las causa de derechos humanos cuando, la semana última, la Cámara de Casación Penal excarceló al ex capital Alfredo Astiz y a otros represores. Finalmente, ninguno de ellos quedó en libertad, pero mientras muchos sectores acusaron a la Justicia por la larga duración de las causas, el ministro de la Corte Carlos Fayt recordó que el Congreso tiene la posiblidad de aprobar un proyecto de ley que abrevia plazos, simplifique recursos y, en general, abrevie el trámite de esos litigios complejos.
En la reunión de ministros, el tema de derechos humanos fue el eje de las conversaciones y las declaraciones de Lorenzetti responde, no a una opinión personal, sino a una política bien definida por la Corte, que comenzó cuando, en 2003 y 2005, dictó los fallos Arancibia Clavel y Simón, dos casos que permitieron la reapertura de estas causas judiciales.
Diálogo institucional
El doctor Lorenzetti, a lo largo de su conversación con La Nación, hizo hincapié en la importancia del diálogo institucional entre los tres poderes y, en todo momento, evitó sugerir algún tipo de confrontación.
Hay datos objetivos que son ciertos. El ex presidente Néstor Kirchner fue quien, en 2003, reavivió la reapertura de esos casos; la Corte, por su parte, declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, invalidó las leyes de amnistía y los indultos a los represores; los jueces volvieron a investigar esos terribles hechos de represión y, finalmente, el Congreso invalidó las leyes del perdón
"Estamos preparando una acordada. Algunas cosas las puede hacer la Justicia y, para las otras, hablaremos con los demás organismos y poderes. La justicia rápida es una política de Estado", asegura.
_¿Cuáles son las medidas que deben tomarse?
_Son muchas y coordinadas. Por ejemplo, hay que digitalizar las causas, porque son muy voluminosas y sólo una está informatizada. Pero las distintas causas, que son muy complejas, tienen problemas distintos, por lo cual merecen soluciones distintas. Es en esto en lo que los tres poderes deben trabajar para dar respuestas. Lo que importa no es que haya un conflicto entre los poderes, sino que la gente quiere respuestas.
_¿Qué puede hacer la Corte?
_Vamos a monitorear el desarrollo de las causas, no para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando. Son expedientes muy complejos. Todos, los tres poderes del Estado, el Consejo de la Magistratura y los querellantes, tiene que contribuir. Por ejemplo, es natural que cada parte querellante quiera tener voz a la hora de impulsar el proceso, pero sería conveniente que unifiquen representación procesal, para simplificar las querellas. También hacen falta más jueces para llevar adelante estos procesos.
_¿La solución la debe dar el Congreso o el Consejo?
_El Congreso está haciendo cosas. Pero hacen falta más tribunales orales. Tenemos que dialogar con los legisladores para que creen más tribunales orales, porque algunos están desbordados de trabajo. Y, por su lado, el Consejo de la Magistratura debe terminar de cubrir algunas vacantes judiciales.
_En estos días surgió un debate sobre la necesidad de dictar una ley procesal
_Es importante que el Congreso dicte una ley procesal para agilizar las causas, pero no sólo las causas de derechos humanos, sino todas las causas complejas, donde hay muchos imputados, testigos, pruebas, etcétera.
Problemas complejos, soluciones complejas
En efecto, los problemas son complejos y las soluciones, si bien no son tan difíciles de hallar, requieren de un esfuerzo de coordinación.
Lorenzetti, en la entrevista con La Nación, hace referencia a los juzgados vacantes y a las demoras procesales.
Los inconvenientes de los juzgados vacantes siguen sin resolución desde hace muchos años. El Consejo de la Magistratura es lento en ese proceso de designación y la solución que dio, nombrar jueces subrogantes, además de haber sido cuestionada por la Corte en un fallo (caso Rosza) es precaria y, en materia de derechos humanos, directamente inservible. Los jueces subrogantes, cuando los hay, se niegan a asumir el gran esfuerzo que significa llevar adelante muy complejas causas judiciales, con cientos de testigos e imputados, o bien cuando llegan a conocer a fondo el expediente ya tienen que abandonar el juzgado. En Rosario y en otras jurisdicciones se está presentando este tipo de inconvenientes.
Por otro lado, es necesario dictar una ley procesal que agilice las causas. La UCR impulsó en 2006 un proyecto que fue redactado por los ex camaristas federales Andrés D´Alessio y Ricardo Gil Lavedra. Y, si se hace memoria, en 1984 fue una ley procesal, la numero 23.049 que modificó el Código de Justicia Militar, la que permitió destrabar la causa contra las juntas militares. Y, en muchas oportunidades la Justicia dijo que no hay un derecho adquirido a que los juicios se sustancian enteramente bajo el mismo régimen procesal, por lo cual el proceso se puede readecuar. Pero como este tipo de reformas siempre da paso a impugnaciones por inconstitucionalidad, porque los imputados pueden decir que se afecta su derecho al debido proceso, la Corte parece tener en mente la necesidad de que el Congreso no impulse una reforma procesal puntual para las causas de derechos humanos sino para todas las causas complejas (por ejemplo, una al estilo Cromangnon, donde hay muchas víctimas que presentan innumerables escritos, apelaciones, etcétera). Eso es lo que parece surgir del lenguaje que usa Lorenzetti.
_El año último, el Congreso dictó una reforma procesal, que avanzaba en la dirección de agilizar las causas judiciales y estableció la oralidad de los recursos judiciales
_Es que no es cierto que el Congreso no hace nada. El Congreso efectivamente dictó una ley, pero hay que afinar ese instrumento, para que sea útil y no termine causando más demoras. Desde mediando de año venimos trabajando en la Corte con las Cámaras Federales para promover esta solución.
Los jueces temen que, esa ley, por la precaridad de los medios que ellos manejan, en lugar de agilizar todas las causas, las terminen demorando.
"También tenemos problemas edilicios. Por ejemplo, en estos momentos se lleva adelante el juicio Cromagnon dentro del Palacio de Justicia. Pero si hubiese otro juicio similar, la Justicia no lo podría sustanciar en forma simultánea, porque no hay salas de audiencias suficientes ni adecuadas para hacerlo", explica el titular de la Corte.
_Por lo que usted afirma, hay serios problemas de organización.
_Nadie puede dudar que la política de los tres poderes es muy clara en el sentido de juzgar las violaciones a los derechos humanos. Pero hay fallas de organización, quizá porque no hay muchos antecedentes de este tipo de procesos en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, a un militar lo están juzgando, por distintos hechos, en varios expedientes distintos y en distintas jurisdicciones. Lo que ocurre es que, cuando un juez lo cita para interrogarlo, otra cámara de otra jurisdicciòn no puede citarlo, con lo cual cual debe posponer todo el desarrollo del juicio. Hay inconvenientes como estos que se pueden solucionar, pero requieren de mucha organización.
Busca la Corte agilizar las causas por derechos humanos
REPORTAJE EXCLUSIVO A LORENZETTI
"Los tres poderes tiene una política muy clara en favor de castigar las violaciones a los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Pero como hay problema en la rapidez de los juicios, tenemos que dialogar para que los tres poderes tomemos medidas para organizarlos mejor. Estamos preparando una acordada", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en una conversación exclusiva con La Nación.
En el acuerdo celebrado ayer, los ministros del alto tribunal dialogaron principalmente sobre el conflicto que surgió alrededor de las causa de derechos humanos cuando, la semana última, la Cámara de Casación Penal excarceló al ex capital Alfredo Astiz y a otros represores. Finalmente, ninguno de ellos quedó en libertad, pero mientras muchos sectores acusaron a la Justicia por la larga duración de las causas, el ministro de la Corte Carlos Fayt recordó que el Congreso tiene la posiblidad de aprobar un proyecto de ley que abrevia plazos, simplifique recursos y, en general, abrevie el trámite de esos litigios complejos.
En la reunión de ministros, el tema de derechos humanos fue el eje de las conversaciones y las declaraciones de Lorenzetti responde, no a una opinión personal, sino a una política bien definida por la Corte, que comenzó cuando, en 2003 y 2005, dictó los fallos Arancibia Clavel y Simón, dos casos que permitieron la reapertura de estas causas judiciales.
Diálogo institucional
El doctor Lorenzetti, a lo largo de su conversación con La Nación, hizo hincapié en la importancia del diálogo institucional entre los tres poderes y, en todo momento, evitó sugerir algún tipo de confrontación.
Hay datos objetivos que son ciertos. El ex presidente Néstor Kirchner fue quien, en 2003, reavivió la reapertura de esos casos; la Corte, por su parte, declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, invalidó las leyes de amnistía y los indultos a los represores; los jueces volvieron a investigar esos terribles hechos de represión y, finalmente, el Congreso invalidó las leyes del perdón
"Estamos preparando una acordada. Algunas cosas las puede hacer la Justicia y, para las otras, hablaremos con los demás organismos y poderes. La justicia rápida es una política de Estado", asegura.
_¿Cuáles son las medidas que deben tomarse?
_Son muchas y coordinadas. Por ejemplo, hay que digitalizar las causas, porque son muy voluminosas y sólo una está informatizada. Pero las distintas causas, que son muy complejas, tienen problemas distintos, por lo cual merecen soluciones distintas. Es en esto en lo que los tres poderes deben trabajar para dar respuestas. Lo que importa no es que haya un conflicto entre los poderes, sino que la gente quiere respuestas.
_¿Qué puede hacer la Corte?
_Vamos a monitorear el desarrollo de las causas, no para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando. Son expedientes muy complejos. Todos, los tres poderes del Estado, el Consejo de la Magistratura y los querellantes, tiene que contribuir. Por ejemplo, es natural que cada parte querellante quiera tener voz a la hora de impulsar el proceso, pero sería conveniente que unifiquen representación procesal, para simplificar las querellas. También hacen falta más jueces para llevar adelante estos procesos.
_¿La solución la debe dar el Congreso o el Consejo?
_El Congreso está haciendo cosas. Pero hacen falta más tribunales orales. Tenemos que dialogar con los legisladores para que creen más tribunales orales, porque algunos están desbordados de trabajo. Y, por su lado, el Consejo de la Magistratura debe terminar de cubrir algunas vacantes judiciales.
_En estos días surgió un debate sobre la necesidad de dictar una ley procesal
_Es importante que el Congreso dicte una ley procesal para agilizar las causas, pero no sólo las causas de derechos humanos, sino todas las causas complejas, donde hay muchos imputados, testigos, pruebas, etcétera.
Problemas complejos, soluciones complejas
En efecto, los problemas son complejos y las soluciones, si bien no son tan difíciles de hallar, requieren de un esfuerzo de coordinación.
Lorenzetti, en la entrevista con La Nación, hace referencia a los juzgados vacantes y a las demoras procesales.
Los inconvenientes de los juzgados vacantes siguen sin resolución desde hace muchos años. El Consejo de la Magistratura es lento en ese proceso de designación y la solución que dio, nombrar jueces subrogantes, además de haber sido cuestionada por la Corte en un fallo (caso Rosza) es precaria y, en materia de derechos humanos, directamente inservible. Los jueces subrogantes, cuando los hay, se niegan a asumir el gran esfuerzo que significa llevar adelante muy complejas causas judiciales, con cientos de testigos e imputados, o bien cuando llegan a conocer a fondo el expediente ya tienen que abandonar el juzgado. En Rosario y en otras jurisdicciones se está presentando este tipo de inconvenientes.
Por otro lado, es necesario dictar una ley procesal que agilice las causas. La UCR impulsó en 2006 un proyecto que fue redactado por los ex camaristas federales Andrés D´Alessio y Ricardo Gil Lavedra. Y, si se hace memoria, en 1984 fue una ley procesal, la numero 23.049 que modificó el Código de Justicia Militar, la que permitió destrabar la causa contra las juntas militares. Y, en muchas oportunidades la Justicia dijo que no hay un derecho adquirido a que los juicios se sustancian enteramente bajo el mismo régimen procesal, por lo cual el proceso se puede readecuar. Pero como este tipo de reformas siempre da paso a impugnaciones por inconstitucionalidad, porque los imputados pueden decir que se afecta su derecho al debido proceso, la Corte parece tener en mente la necesidad de que el Congreso no impulse una reforma procesal puntual para las causas de derechos humanos sino para todas las causas complejas (por ejemplo, una al estilo Cromangnon, donde hay muchas víctimas que presentan innumerables escritos, apelaciones, etcétera). Eso es lo que parece surgir del lenguaje que usa Lorenzetti.
_El año último, el Congreso dictó una reforma procesal, que avanzaba en la dirección de agilizar las causas judiciales y estableció la oralidad de los recursos judiciales
_Es que no es cierto que el Congreso no hace nada. El Congreso efectivamente dictó una ley, pero hay que afinar ese instrumento, para que sea útil y no termine causando más demoras. Desde mediando de año venimos trabajando en la Corte con las Cámaras Federales para promover esta solución.
Los jueces temen que, esa ley, por la precaridad de los medios que ellos manejan, en lugar de agilizar todas las causas, las terminen demorando.
"También tenemos problemas edilicios. Por ejemplo, en estos momentos se lleva adelante el juicio Cromagnon dentro del Palacio de Justicia. Pero si hubiese otro juicio similar, la Justicia no lo podría sustanciar en forma simultánea, porque no hay salas de audiencias suficientes ni adecuadas para hacerlo", explica el titular de la Corte.
_Por lo que usted afirma, hay serios problemas de organización.
_Nadie puede dudar que la política de los tres poderes es muy clara en el sentido de juzgar las violaciones a los derechos humanos. Pero hay fallas de organización, quizá porque no hay muchos antecedentes de este tipo de procesos en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, a un militar lo están juzgando, por distintos hechos, en varios expedientes distintos y en distintas jurisdicciones. Lo que ocurre es que, cuando un juez lo cita para interrogarlo, otra cámara de otra jurisdicciòn no puede citarlo, con lo cual cual debe posponer todo el desarrollo del juicio. Hay inconvenientes como estos que se pueden solucionar, pero requieren de mucha organización.
"Los tres poderes tiene una política muy clara en favor de castigar las violaciones a los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Pero como hay problema en la rapidez de los juicios, tenemos que dialogar para que los tres poderes tomemos medidas para organizarlos mejor. Estamos preparando una acordada", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en una conversación exclusiva con La Nación.
En el acuerdo celebrado ayer, los ministros del alto tribunal dialogaron principalmente sobre el conflicto que surgió alrededor de las causa de derechos humanos cuando, la semana última, la Cámara de Casación Penal excarceló al ex capital Alfredo Astiz y a otros represores. Finalmente, ninguno de ellos quedó en libertad, pero mientras muchos sectores acusaron a la Justicia por la larga duración de las causas, el ministro de la Corte Carlos Fayt recordó que el Congreso tiene la posiblidad de aprobar un proyecto de ley que abrevia plazos, simplifique recursos y, en general, abrevie el trámite de esos litigios complejos.
En la reunión de ministros, el tema de derechos humanos fue el eje de las conversaciones y las declaraciones de Lorenzetti responde, no a una opinión personal, sino a una política bien definida por la Corte, que comenzó cuando, en 2003 y 2005, dictó los fallos Arancibia Clavel y Simón, dos casos que permitieron la reapertura de estas causas judiciales.
Diálogo institucional
El doctor Lorenzetti, a lo largo de su conversación con La Nación, hizo hincapié en la importancia del diálogo institucional entre los tres poderes y, en todo momento, evitó sugerir algún tipo de confrontación.
Hay datos objetivos que son ciertos. El ex presidente Néstor Kirchner fue quien, en 2003, reavivió la reapertura de esos casos; la Corte, por su parte, declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, invalidó las leyes de amnistía y los indultos a los represores; los jueces volvieron a investigar esos terribles hechos de represión y, finalmente, el Congreso invalidó las leyes del perdón
"Estamos preparando una acordada. Algunas cosas las puede hacer la Justicia y, para las otras, hablaremos con los demás organismos y poderes. La justicia rápida es una política de Estado", asegura.
_¿Cuáles son las medidas que deben tomarse?
_Son muchas y coordinadas. Por ejemplo, hay que digitalizar las causas, porque son muy voluminosas y sólo una está informatizada. Pero las distintas causas, que son muy complejas, tienen problemas distintos, por lo cual merecen soluciones distintas. Es en esto en lo que los tres poderes deben trabajar para dar respuestas. Lo que importa no es que haya un conflicto entre los poderes, sino que la gente quiere respuestas.
_¿Qué puede hacer la Corte?
_Vamos a monitorear el desarrollo de las causas, no para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando. Son expedientes muy complejos. Todos, los tres poderes del Estado, el Consejo de la Magistratura y los querellantes, tiene que contribuir. Por ejemplo, es natural que cada parte querellante quiera tener voz a la hora de impulsar el proceso, pero sería conveniente que unifiquen representación procesal, para simplificar las querellas. También hacen falta más jueces para llevar adelante estos procesos.
_¿La solución la debe dar el Congreso o el Consejo?
_El Congreso está haciendo cosas. Pero hacen falta más tribunales orales. Tenemos que dialogar con los legisladores para que creen más tribunales orales, porque algunos están desbordados de trabajo. Y, por su lado, el Consejo de la Magistratura debe terminar de cubrir algunas vacantes judiciales.
_En estos días surgió un debate sobre la necesidad de dictar una ley procesal
_Es importante que el Congreso dicte una ley procesal para agilizar las causas, pero no sólo las causas de derechos humanos, sino todas las causas complejas, donde hay muchos imputados, testigos, pruebas, etcétera.
Problemas complejos, soluciones complejas
En efecto, los problemas son complejos y las soluciones, si bien no son tan difíciles de hallar, requieren de un esfuerzo de coordinación.
Lorenzetti, en la entrevista con La Nación, hace referencia a los juzgados vacantes y a las demoras procesales.
Los inconvenientes de los juzgados vacantes siguen sin resolución desde hace muchos años. El Consejo de la Magistratura es lento en ese proceso de designación y la solución que dio, nombrar jueces subrogantes, además de haber sido cuestionada por la Corte en un fallo (caso Rosza) es precaria y, en materia de derechos humanos, directamente inservible. Los jueces subrogantes, cuando los hay, se niegan a asumir el gran esfuerzo que significa llevar adelante muy complejas causas judiciales, con cientos de testigos e imputados, o bien cuando llegan a conocer a fondo el expediente ya tienen que abandonar el juzgado. En Rosario y en otras jurisdicciones se está presentando este tipo de inconvenientes.
Por otro lado, es necesario dictar una ley procesal que agilice las causas. La UCR impulsó en 2006 un proyecto que fue redactado por los ex camaristas federales Andrés D´Alessio y Ricardo Gil Lavedra. Y, si se hace memoria, en 1984 fue una ley procesal, la numero 23.049 que modificó el Código de Justicia Militar, la que permitió destrabar la causa contra las juntas militares. Y, en muchas oportunidades la Justicia dijo que no hay un derecho adquirido a que los juicios se sustancian enteramente bajo el mismo régimen procesal, por lo cual el proceso se puede readecuar. Pero como este tipo de reformas siempre da paso a impugnaciones por inconstitucionalidad, porque los imputados pueden decir que se afecta su derecho al debido proceso, la Corte parece tener en mente la necesidad de que el Congreso no impulse una reforma procesal puntual para las causas de derechos humanos sino para todas las causas complejas (por ejemplo, una al estilo Cromangnon, donde hay muchas víctimas que presentan innumerables escritos, apelaciones, etcétera). Eso es lo que parece surgir del lenguaje que usa Lorenzetti.
_El año último, el Congreso dictó una reforma procesal, que avanzaba en la dirección de agilizar las causas judiciales y estableció la oralidad de los recursos judiciales
_Es que no es cierto que el Congreso no hace nada. El Congreso efectivamente dictó una ley, pero hay que afinar ese instrumento, para que sea útil y no termine causando más demoras. Desde mediando de año venimos trabajando en la Corte con las Cámaras Federales para promover esta solución.
Los jueces temen que, esa ley, por la precaridad de los medios que ellos manejan, en lugar de agilizar todas las causas, las terminen demorando.
"También tenemos problemas edilicios. Por ejemplo, en estos momentos se lleva adelante el juicio Cromagnon dentro del Palacio de Justicia. Pero si hubiese otro juicio similar, la Justicia no lo podría sustanciar en forma simultánea, porque no hay salas de audiencias suficientes ni adecuadas para hacerlo", explica el titular de la Corte.
_Por lo que usted afirma, hay serios problemas de organización.
_Nadie puede dudar que la política de los tres poderes es muy clara en el sentido de juzgar las violaciones a los derechos humanos. Pero hay fallas de organización, quizá porque no hay muchos antecedentes de este tipo de procesos en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, a un militar lo están juzgando, por distintos hechos, en varios expedientes distintos y en distintas jurisdicciones. Lo que ocurre es que, cuando un juez lo cita para interrogarlo, otra cámara de otra jurisdicciòn no puede citarlo, con lo cual cual debe posponer todo el desarrollo del juicio. Hay inconvenientes como estos que se pueden solucionar, pero requieren de mucha organización.
Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta número 96
La joven es hija de una pareja de desaparecidos sanjuaninos
La nieta número 96 encontrada por Abuelas de Plaza de Mayo es hija de un sanjuanino. Se trata de Edgar Tulio Valenzuela, quien conformó pareja con Raquel Carolina Negro. Según relató un hermano del militante montonero, Valenzuela desapareció en enero del 78 y el último contacto fue a través de cartas, la última recibida en marzo del mismo año.
Según relatos de allegados, Raquel Negro dio a luz mellizos. El varón habría nacido muerto y su hermana sobrevivió. .
Según relató Héctor Valenzuela, la pareja fue secuestrada en Santa Fe, en donde el jefe de Regimiento era el General Leopoldo Fortunato Galtieri.
Edgar había dejado San Juan cuando terminó la escuela secundaria y tenía 18 años. Buscaba horizontes laborales y políticos en Buenos Aires.
La nieta número 96 encontrada por Abuelas de Plaza de Mayo es hija de un sanjuanino. Se trata de Edgar Tulio Valenzuela, quien conformó pareja con Raquel Carolina Negro. Según relató un hermano del militante montonero, Valenzuela desapareció en enero del 78 y el último contacto fue a través de cartas, la última recibida en marzo del mismo año.
Según relatos de allegados, Raquel Negro dio a luz mellizos. El varón habría nacido muerto y su hermana sobrevivió. .
Según relató Héctor Valenzuela, la pareja fue secuestrada en Santa Fe, en donde el jefe de Regimiento era el General Leopoldo Fortunato Galtieri.
Edgar había dejado San Juan cuando terminó la escuela secundaria y tenía 18 años. Buscaba horizontes laborales y políticos en Buenos Aires.
Presupuesto: el macrismo y la Coalición Cívica aseguran que están muy cerca de un acuerdo
Lo confirmaron esta mañana legisladores de ambos sectores, que negociaron hasta la madrugada. Según puso saber Clarín.com, al mediodía habrá una reunión en la Legislatura y la sesión comenzaría por la tarde. El macrismo aún no cerró un acuerdo con la Coalición Cívica que le permita votar hoy mismo en la Legislatura el Presupuesto del año próximo. Sin embargo, fuentes de ambos bloques, que negociaron hasta bien entrada la madrugada, confirmaron esta mañana que cada vez están más cerca. Al mediodía habrá una reunión en la Legislatura. Si no surge ningún imprevisto, la sesión arrancaría a media tarde. "Si ellos cumplen, no va a haber problema", le dijo a Clarín.com esta mañana uno de los dos legisladores de la CC que está al frente de las negociaciones. Se refería a la promesa del Pro de bajar impuestos y aceptar el proyecto de la Coalición Cívica de gravar el juego. "Estamos muy cerca", agregó un referente del Pro, mientras todos sus asesores revisan los últimos borradores de los proyectos. El bloque de Elisa Carrió propuso no tocar ningún tributo salvo el de los bancos, y crear el impuesto al sello a las transferencias de futbolistas. Como al no tener esas subas la Ciudad dejaría de recaudar unos 1.000 millones, ese dinero se podría obtener con otras medidas que no afecten directamente el bolsillo de la gente. Además, cobrarle el 8% de Ingresos Brutos al juego. En el macrismo lo aceptaron, pero insistían con dejar el 1% de Ingresos Brutos a la industria (aunque protegiendo a las pymes), subir la carga para los hipermercados y ampliar Sellos pero dejando afuera a los contratos que involucren a personas físicas.
jueves, 18 de diciembre de 2008
Buscan sancionar el polémico blanqueo de capitales y el fin de la tablita de Machinea
El kirchnerismo intentará hoy en el Senado convertir en ley el paquete de medidas "anticrisis" y el cambio en Ganancias.
El Senado buscará convertir en ley esta tarde los proyectos que instituyen medidas económicas para enfrentar la crisis internacional –incluyendo el polémico blanqueo de capitales- y también el que fija la eliminación de la 'tablita de Machinea' del Impuesto a las Ganancias. La sesión del Senado comenzará a las 11, y estará centrada en dos proyectos de ley que ya cuentan con la sanción de la Cámara de Diputados. El paquete de medidas económicas obtuvo sanción en general del Senado el 11 de diciembre, y establece una serie de medidas en materia laboral, tributaria y de blanqueo de capitales. El proyecto consta de tres capítulos, el primero de Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social; el segundo de Régimen Especial de Regularización del Empleo No Registrado con Prioridad en Pymes; y el tercero dedicado a la repatriación de capitales, muy cuestionado por la oposición. Por otro lado, la Cámara alta también tratará el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para eliminar la llamada "tablita de Machinea" en el cálculo del impuesto a las Ganancias. La iniciativa, que fue aprobada ayer por unanimidad -por 234 votos favorables y ninguno en contra-, propone la eliminación de lo que se conoce como la "Tablita de Machinea", una modificación del impuesto a las Ganancias que se comenzó a aplicar a fines de 1999, a partir de la gestión del entonces ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea.
El Senado buscará convertir en ley esta tarde los proyectos que instituyen medidas económicas para enfrentar la crisis internacional –incluyendo el polémico blanqueo de capitales- y también el que fija la eliminación de la 'tablita de Machinea' del Impuesto a las Ganancias. La sesión del Senado comenzará a las 11, y estará centrada en dos proyectos de ley que ya cuentan con la sanción de la Cámara de Diputados. El paquete de medidas económicas obtuvo sanción en general del Senado el 11 de diciembre, y establece una serie de medidas en materia laboral, tributaria y de blanqueo de capitales. El proyecto consta de tres capítulos, el primero de Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social; el segundo de Régimen Especial de Regularización del Empleo No Registrado con Prioridad en Pymes; y el tercero dedicado a la repatriación de capitales, muy cuestionado por la oposición. Por otro lado, la Cámara alta también tratará el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para eliminar la llamada "tablita de Machinea" en el cálculo del impuesto a las Ganancias. La iniciativa, que fue aprobada ayer por unanimidad -por 234 votos favorables y ninguno en contra-, propone la eliminación de lo que se conoce como la "Tablita de Machinea", una modificación del impuesto a las Ganancias que se comenzó a aplicar a fines de 1999, a partir de la gestión del entonces ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea.
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