REPORTAJE EXCLUSIVO A LORENZETTI
"Los tres poderes tiene una política muy clara en favor de castigar las violaciones a los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Pero como hay problema en la rapidez de los juicios, tenemos que dialogar para que los tres poderes tomemos medidas para organizarlos mejor. Estamos preparando una acordada", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en una conversación exclusiva con La Nación.
En el acuerdo celebrado ayer, los ministros del alto tribunal dialogaron principalmente sobre el conflicto que surgió alrededor de las causa de derechos humanos cuando, la semana última, la Cámara de Casación Penal excarceló al ex capital Alfredo Astiz y a otros represores. Finalmente, ninguno de ellos quedó en libertad, pero mientras muchos sectores acusaron a la Justicia por la larga duración de las causas, el ministro de la Corte Carlos Fayt recordó que el Congreso tiene la posiblidad de aprobar un proyecto de ley que abrevia plazos, simplifique recursos y, en general, abrevie el trámite de esos litigios complejos.
En la reunión de ministros, el tema de derechos humanos fue el eje de las conversaciones y las declaraciones de Lorenzetti responde, no a una opinión personal, sino a una política bien definida por la Corte, que comenzó cuando, en 2003 y 2005, dictó los fallos Arancibia Clavel y Simón, dos casos que permitieron la reapertura de estas causas judiciales.
Diálogo institucional
El doctor Lorenzetti, a lo largo de su conversación con La Nación, hizo hincapié en la importancia del diálogo institucional entre los tres poderes y, en todo momento, evitó sugerir algún tipo de confrontación.
Hay datos objetivos que son ciertos. El ex presidente Néstor Kirchner fue quien, en 2003, reavivió la reapertura de esos casos; la Corte, por su parte, declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, invalidó las leyes de amnistía y los indultos a los represores; los jueces volvieron a investigar esos terribles hechos de represión y, finalmente, el Congreso invalidó las leyes del perdón
"Estamos preparando una acordada. Algunas cosas las puede hacer la Justicia y, para las otras, hablaremos con los demás organismos y poderes. La justicia rápida es una política de Estado", asegura.
_¿Cuáles son las medidas que deben tomarse?
_Son muchas y coordinadas. Por ejemplo, hay que digitalizar las causas, porque son muy voluminosas y sólo una está informatizada. Pero las distintas causas, que son muy complejas, tienen problemas distintos, por lo cual merecen soluciones distintas. Es en esto en lo que los tres poderes deben trabajar para dar respuestas. Lo que importa no es que haya un conflicto entre los poderes, sino que la gente quiere respuestas.
_¿Qué puede hacer la Corte?
_Vamos a monitorear el desarrollo de las causas, no para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando. Son expedientes muy complejos. Todos, los tres poderes del Estado, el Consejo de la Magistratura y los querellantes, tiene que contribuir. Por ejemplo, es natural que cada parte querellante quiera tener voz a la hora de impulsar el proceso, pero sería conveniente que unifiquen representación procesal, para simplificar las querellas. También hacen falta más jueces para llevar adelante estos procesos.
_¿La solución la debe dar el Congreso o el Consejo?
_El Congreso está haciendo cosas. Pero hacen falta más tribunales orales. Tenemos que dialogar con los legisladores para que creen más tribunales orales, porque algunos están desbordados de trabajo. Y, por su lado, el Consejo de la Magistratura debe terminar de cubrir algunas vacantes judiciales.
_En estos días surgió un debate sobre la necesidad de dictar una ley procesal
_Es importante que el Congreso dicte una ley procesal para agilizar las causas, pero no sólo las causas de derechos humanos, sino todas las causas complejas, donde hay muchos imputados, testigos, pruebas, etcétera.
Problemas complejos, soluciones complejas
En efecto, los problemas son complejos y las soluciones, si bien no son tan difíciles de hallar, requieren de un esfuerzo de coordinación.
Lorenzetti, en la entrevista con La Nación, hace referencia a los juzgados vacantes y a las demoras procesales.
Los inconvenientes de los juzgados vacantes siguen sin resolución desde hace muchos años. El Consejo de la Magistratura es lento en ese proceso de designación y la solución que dio, nombrar jueces subrogantes, además de haber sido cuestionada por la Corte en un fallo (caso Rosza) es precaria y, en materia de derechos humanos, directamente inservible. Los jueces subrogantes, cuando los hay, se niegan a asumir el gran esfuerzo que significa llevar adelante muy complejas causas judiciales, con cientos de testigos e imputados, o bien cuando llegan a conocer a fondo el expediente ya tienen que abandonar el juzgado. En Rosario y en otras jurisdicciones se está presentando este tipo de inconvenientes.
Por otro lado, es necesario dictar una ley procesal que agilice las causas. La UCR impulsó en 2006 un proyecto que fue redactado por los ex camaristas federales Andrés D´Alessio y Ricardo Gil Lavedra. Y, si se hace memoria, en 1984 fue una ley procesal, la numero 23.049 que modificó el Código de Justicia Militar, la que permitió destrabar la causa contra las juntas militares. Y, en muchas oportunidades la Justicia dijo que no hay un derecho adquirido a que los juicios se sustancian enteramente bajo el mismo régimen procesal, por lo cual el proceso se puede readecuar. Pero como este tipo de reformas siempre da paso a impugnaciones por inconstitucionalidad, porque los imputados pueden decir que se afecta su derecho al debido proceso, la Corte parece tener en mente la necesidad de que el Congreso no impulse una reforma procesal puntual para las causas de derechos humanos sino para todas las causas complejas (por ejemplo, una al estilo Cromangnon, donde hay muchas víctimas que presentan innumerables escritos, apelaciones, etcétera). Eso es lo que parece surgir del lenguaje que usa Lorenzetti.
_El año último, el Congreso dictó una reforma procesal, que avanzaba en la dirección de agilizar las causas judiciales y estableció la oralidad de los recursos judiciales
_Es que no es cierto que el Congreso no hace nada. El Congreso efectivamente dictó una ley, pero hay que afinar ese instrumento, para que sea útil y no termine causando más demoras. Desde mediando de año venimos trabajando en la Corte con las Cámaras Federales para promover esta solución.
Los jueces temen que, esa ley, por la precaridad de los medios que ellos manejan, en lugar de agilizar todas las causas, las terminen demorando.
"También tenemos problemas edilicios. Por ejemplo, en estos momentos se lleva adelante el juicio Cromagnon dentro del Palacio de Justicia. Pero si hubiese otro juicio similar, la Justicia no lo podría sustanciar en forma simultánea, porque no hay salas de audiencias suficientes ni adecuadas para hacerlo", explica el titular de la Corte.
_Por lo que usted afirma, hay serios problemas de organización.
_Nadie puede dudar que la política de los tres poderes es muy clara en el sentido de juzgar las violaciones a los derechos humanos. Pero hay fallas de organización, quizá porque no hay muchos antecedentes de este tipo de procesos en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, a un militar lo están juzgando, por distintos hechos, en varios expedientes distintos y en distintas jurisdicciones. Lo que ocurre es que, cuando un juez lo cita para interrogarlo, otra cámara de otra jurisdicciòn no puede citarlo, con lo cual cual debe posponer todo el desarrollo del juicio. Hay inconvenientes como estos que se pueden solucionar, pero requieren de mucha organización.
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