El Senado eliminará hoy el sistema de jubilación privada que creó hace 15 años, en ambos casos con el apoyo en bloque del PJ. Esta vez, pasó menos de un mes desde que se conoció la iniciativa hasta que se convirtió en ley. Menem tuvo que esperar más de un año y medio para lograr ese objetivo.
Más de un año y medio. Eso fue lo que duró el debate político que transformó el sistema previsional argentino en mixto y decidió la creación de las AFJP. Las discusiones arrancaron a fines de 1991, cuando se supo que el Gobierno del entonces presidente Carlos Menem preparaba el cambio, y se extendieron incluso más allá del 22 de septiembre de 1993, cuando el Senado transformó la iniciativa en ley. Ya en febrero de 1992, Menem prometió públicamente que con el sistema de jubilaciones privadas "nadie pierde ni se le va a sacar nada". Su gobierno vinculaba abiertamente la reforma con promesas de aumentos de jubilaciones. Para darle sustento, lo ataba a reformas impositivas (el aumento del IVA), el incremento de la recaudación que se encargaba de resaltar y otra iniciativa polémica para recaudar fondos: la venta de YPF. Como hoy lo hace el kirchnerismo, el menemismo enumeraba la cantidad de aumentos que había tenido la jubilación mínima desde que asumió y señalaba el fracaso del sistema jubilatorio argentino. También exhibía encuestas que señalaban cómo la gente apoyaba la iniciativa privatizadora. El debate público del proyecto arrancó con optimismo: el Gobierno pensaba aprobarlo en abril del '92. Después pasó ese objetivo a noviembre de ese año. Después, para más adelante. Y recién pudo coronarlo con una votación en el Senado en septiembre de 1993. En el medio, varias veces amenazó con decretazos. Los encargados de defender el proyecto en el Congreso fueron los entonces ministros de Economía, Domingo Cavallo; Interior, José Luis Manzano; y Trabajo, Enrique Rodríguez. El actual presidente del Banco Central, Martín Redrado, solía dar explicaciones técnicas sobre el proyecto desde la Comisión Nacional de Valores que entonces encabezaba. El Ejecutivo encontró inicialmente un fuerte rechazo político a su proyecto: de la oposición radical, pero también del sindicalismo y hasta de algunos justicialistas. Sin embargo, a mediados de 1992 el PJ dio muestras de unidad y sacó una solicitada para respaldar a Menem y sus proyectos. Luego la cúpula de la CGT –en representación de la cual negociaban entonces, entre otros, Oscar Lezcano, Armando Cavalieri, y Enrique Martínez, todavía hoy al frente de los sindicatos de Luz y Fuerza, Comercio y Construcción- alcanzó un acuerdo con el Gobierno. Así y todo, el debate legislativo fue extenso y hubo varios intentos fallidos de votar, tanto en Diputados como en el Senado. Finalmente, el 22 de septiembre de 1993, más de un año y medio después de que se conociera el espíritu de la iniciativa, la Cámara alta convirtió el proyecto en ley. Ese día, a la oposición radical expresada por el senador Fernando de la Rúa y el apoyo con reservas del justicialista Antonio Cafiero se sumó otra particularidad. La defensa de la postura oficial la hizo Julio San Millán y no el jefe del bloque, Oraldo Britos, quien adujo que no pensaba respaldar el proyecto pero que tampoco le pondría trabas. Las discusiones siguieron aún después de la aprobación: el Gobierno vetó algunos artículos antes de reglamentar la ley. E incluso a último momento, el Congreso extendió en tres meses el plazo para ejercer la opción jubilatoria en medio de fuertes cruces que estuvieron a punto de costarle un juicio político a Cavallo. Hechos que ocurrieron hace una década y media. Cuando el Gobierno explicaba cómo los jubilados estaban mejor que con la administración anterior, prometía futuros aumentos y hablaba de mejorar el sistema jubilatorio con el apoyo del justicialismo.
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